El holocausto del Palacio de Justicia fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, organismo que deberá definir si es viable una condena al Estado colombiano por la muerte del magistrado auxiliar Carlos Urán, la desaparición de 12 personas y torturas contra cuatro de los sobrevivientes de los hechos de noviembre de 1985, originados por la cruenta toma del M-19.
El informe de la CIDH, que es una acusación previa con una alta probabilidad de condena y que cuestiona medidas tomadas por los militares en la retoma y la actuación improcedente de la Justicia Penal Militar, alerta además que se evaluará una posible responsabilidad del expresidente Belisario Betancur.
“Los hechos del caso se refieren a la desaparición forzada de Carlos Rodríguez, Cristina Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Beltrán, Gloria Lizarazo, Luz Portela, Norma Esguerra, Lucy Oviedo, Gloria Anzola, Ana Castiblanco e Irma Franco, y a la desaparición y posterior ejecución del magistrado Urán, así como la detención y tortura de Yolanda Santodomingo, Eduardo Matson, Orlando Quijano y José Rubiano”, indicó ayer la Comisión en un comunicado.
